Acusan a Rafael Buenrostro de cobros ilegales en la Aduana

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  • Denuncian cobro ilegal de $300 dólares por liberar vehículos ya importados en la Aduana de Ciudad Juárez
    Loteros y comerciantes de autos acusan a funcionario aduanal de retener más de 200 unidades pese a estar en regla; exigen intervención del SAT.
    Ciudad Juárez, Chih. — Lo que debería ser un trámite legal y transparente para la importación de vehículos se ha convertido, según denuncias ciudadanas, en un presunto foco de corrupción dentro de la Aduana de Ciudad Juárez. Vendedores de autos del grupo “Tetos Car”, encabezados por Ernesto Bonilla Rentería, acusaron públicamente al funcionario Rafael Buenrostro de exigir pagos adicionales de 300 dólares por unidad para liberar vehículos que ya han cumplido todos los requisitos legales.
    De acuerdo con los afectados, más de 200 vehículos —entre autos, camiones escolares y nodrizas— se encuentran detenidos desde hace hasta dos meses en el puente internacional Guadalupe-Tornillo, a pesar de contar con el pedimento de importación y haber cubierto todos los impuestos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
    “Estos vehículos no están por decreto ni por beneficio fiscal; simplemente se pagó todo lo que exige la ley para importarlos. Sin embargo, ahora nos dicen que si no damos 300 dólares más por carro, no los van a liberar”, denunció Bonilla Rentería en entrevista.
    Los manifestantes aseguran haber sostenido previamente reuniones con el administrador de la Aduana para plantear la situación, pero no han obtenido una respuesta concreta. Como medida de presión, este martes realizaron una protesta frente a las instalaciones de la Aduana Fronteriza, portando mantas y acusaciones directas contra los vistas aduanales que operan bajo las órdenes de Buenrostro.
    “Llevamos semanas buscando una respuesta, pero todo ha sido silencio. Mientras tanto, nuestros vehículos están parados, con pérdidas económicas graves para quienes vivimos de esta actividad”, señalaron los inconformes.
    Los afectados estiman que el presunto “cobro extra” representa un botín de decenas de miles de dólares, producto de una práctica que, aseguran, se ha normalizado bajo amenaza de no liberar las unidades sin el pago indebido.
    El grupo adelantó que el próximo miércoles sostendrán una nueva reunión con el administrador de la Aduana, en busca de una solución definitiva. En tanto, pidieron la intervención urgente de las autoridades federales y del SAT para frenar lo que consideran una red de corrupción dentro del sistema aduanal.
    “La ley ya se está cumpliendo con los pagos oficiales. Lo que estamos enfrentando aquí es otra cosa: es pagar dos veces. Una en la ventanilla, y otra debajo de la mesa”, sentenció Bonilla.

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